Silleda mantiene en 30 euros la tasa de la basura mientras sopesa el convenio provincial

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El gobierno de Silleda rehúsa subir este año el recibo de la basura a 80 euros como tenía previsto, y lo mantendrá en los 30 actuales, mientras no decida si adherirse al convenio de la Diputación de Pontevedra o asumir el servicio a nivel municipal. Esta medida obligará a realizar un reajuste en el presupuesto local para este año, que dispondrá de 300.000 euros menos de ingresos por la tasa de un servicio que seguirá siendo deficitario.
En respuesta a una pregunta formulada por su socio de gobierno, Matías Rodríguez da Torre, el edil de Obras, Manuel Cuiña, explicó ayer en el pleno que un estudio de costes municipal concluye que será preciso cobrar "en torno a los 80 euros para que cubra el coste real", si bien, analizarán si compensará más adherirse al convenio de la Diputación. El ente provincial propone establecer una horquilla de entre 62 y 70 euros para los municipios del interior y unos 80 para los de la costa, ya que en épocas estivales generan muchos más residuos. También se compromete a asumir los gastos a mayores, en caso de que no se cubran costes -antes debían de hacerlo los concellos-.
Es unos de los cambios que ha sufrido el convenio inicial y que se producen, "gracias a este Concello", defiende Cuiña, que interviene directamente en la negociación. El convenio todavía no está cerrado, y el gobierno trasdezano no ha tomado una decisión al respecto. Se niega a sumarse si la Diputación no otorga más poder de decisión a los municipios en la gestión porque "es ceder la soberanía de un concello al presidente de la Diputación". Exige que se consulte a los municipios cómo quieren hacer la recogida.
El PP defendió que "lo lógico sería adherirse" porque el preciso sería menor de 80 euros. "Saldrá más barato, pero perderemos mucha soberanía y capacidad de acción", le advirtió Cuiña. Da Torre, apostó porque el recibo para el rural sea menor, acorde con la frecuencia de recogida. "Discrepo contigo", le contestó Cuiña, porque "si se hace un estudio de costes, el servicio sale más barato en el urbano".
Por otra parte, también en respuesta a un ruego del nacionalista, la alcaldesa anunció que el Concello remitirá al ORAL los recibos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las propiedades de la Iglesia que no se utilicen con fines religiosos. Es el caso de la rectoral de Cortegada, en alquiler desde el verano. Pena aclaró que el nuevo párroco de Silleda inscribió los bienes en el Concello y que el propio gobierno elaboró un listado del patrimonio.